Wednesday, July 27, 2005

- Fundamentos para oponerse a la Mineria -

Compañeras y compañeros,

La Encargada de Derechos Humanos, MISEREOR, Alemania; comparte información sobre la prohibición de cianuro en la Provincia de Rio Negro, Argentina:

Ver tambien: http://www.olca.cl/oca/argentina/cianuro01.htm

Sabemos que la información la han recibido en la Embajada de Guatemala en Alemania, El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, el Presidente Berger, y otros funcionarios.

Esta información nos brinda argumentos para oponernos a la minería de metales en Guatemala y en todo el Planeta.

"Q'anil" qanil@intelnett.com

Monday, July 25, 2005

::: Apoyan a Comunidades :::

Apoyan a comunidades
Delegación internacional de obispos visita área en conflicto

http://www.prensalibre.com/pl/2005/julio/21/119248.html
Por Aroldo Marroquín
Guatemala, jueves 21 de julio de 2005

San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. -- Reprobación de los trabajos de exploración y explotación que efectúa la minera Montana en San Miguel Ixtahuacán y Sicapaca, San Marcos, patentizaron los miembros de una delegación internacional de obispos de la Iglesia Católica que visitaron anteayer esos lugares.

Los obispos Marcos Stenger, de Troya, Francia; Alois Joustin, de Lieja, Bélgica, y Francois Lapierre, de San Jacinto, Canadá, acompañados por su homólogo guatemalteco Álvaro Ramazzini, de la Diócesis de San Marcos, se reunieron con líderes comunales de esos municipios para inspeccionar la situación minera en el lugar.

Al final, les patentizaron el apoyo en su oposición a la minería abierta por las consecuencias lamentables que sufrirán en el futuro.

"Seguro que la compañía se aprovechó de la ignorancia de los pobladores para iniciar la explotación de oro; pero ahora que ellos se han dado cuenta que tienen riquezas que perder es bueno que conozcan sus derechos para combatir lo que va a perjudicar a sus hijos y nietos", expresó Marcos Stenger.

Uno de los vecinos de San Miguel Ixtahuacán, Ulises González, manifestó que al principio representantes de la empresa Montana les ofrecieron la construcción de proyectos, como hospital y asfaltado de carreteras. No obstante, posteriormente adujeron que el financiamiento de las obras deberá ser tripartito con la municipalidad y el Gobierno.

Cabildo abierto
Anunció que ante el descontento, efectuarán un cabildo abierto para determinar si hacen una consulta popular sobre si aprueban o reprueban que Montana siga operando. El cabildo será efectuado el próximo lunes en el edifico municipal.

El obispo Ramazzini citó que apoyarán dicho referendo. "Si la empresa minera hubiera informado amplia y claramente no se estuvieran dando estos problemas", señaló.

No atendieron a los prelados
Los cuatro obispos intentaron visitar anteayer las instalaciones de la minera Montana, en el cantón San José Nueva Esperanza, en San Miguel Ixtahuacán; sin embargo, no fueron recibidos por los personeros de la empresa.

Un empleado les indicó que pidieran una audiencia y que serían atendidos el próximo mes. Asimismo, en su camino a ese lugar, los prelados vieron interrumpido su viaje por obstrucciones que habían en la ruta.

Piedras, palos y postes del alumbrado público habían sido colocados en un tramo carretero, que fueron quitados por campesinos.
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Friday, July 22, 2005

::: Grave Ausencia de Briz :::

Ven “grave” ausencia de Briz en Grupo de Río
Por: Martín Rodríguez P.
http://www.prensalibre.com/pl/2005/julio/22/119372.html

La ausencia del ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Briz, en la cumbre de cancilleres del Grupo de Río, en Argentina, fue calificada por analistas de “grave, lamentable”. Además, lo ven como “una pérdida de opción” de incidir en la agenda regional.

La cita que se lleva a cabo desde hoy en Buenos Aires servirá para discutir los temas que la instancia presentará en la cumbre de todo el continente, en noviembre.

El Grupo de Río está integrado por 19 países de Centro y Sudamérica, México y dos caribeños, y sirve como un mecanismo de diálogo y de concertación política.

“Veo grave que Guatemala no participe con el canciller en este tipo de discusiones, porque hay una falta de incidencia en este tipo de espacios. Evidencia una política exterior poco visible y sin cohesión”, opinó el experto Renzo Rosal.

Para Álvaro Velásquez, analista político, la ausencia de Briz en esta cumbre puede responder a una intencionalidad de alejarse de la esfera diplomática “latinoamericanista del sur” para situarse en la “proestadounidense del norte”.

Esta falta es sinónimo de pérdida para el país, según los politólogos. “Es poco sensato, porque esas iniciativas podrían tener efectos en materia energética —petrolera— con Venezuela, que lo ofreció a Sudamérica y al Caribe, no a Centroamérica”, apuntó Velásquez.

Guatemala enviará a su vicecanciller Carlos Martínez para la reunión que discutirá y consensuará la declaración que firmarán los presidentes del Grupo de Río en agosto próximo.

Rosal agrega otro factor: “Guatemala tiene un peso específico en Centroamérica, y antes había jugado un papel protagónico, pero esto (ausencia) no ayuda a cohesionar a la región”.

Otro analista político, Francisco Beltranena, coincide en que el Grupo de Río es una instancia de largo alcance para los intereses nacionales, y dice que Briz debió tener “urgencias de coyuntura” que lo obligaran a quedarse.

Consultado, el canciller explicó que envió al viceministro Carlos Martínez, porque “no puede atender todos los compromisos internacionales”. Además, necesita dedicar tiempo y espacio a la agenda global del Ministerio.

“Sí le damos importancia. Que no esté allá no quiere decir que no esté enterado de lo que pasa”, aseveró.

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Wednesday, July 20, 2005

::: CONSULTA COMUNITARIA :::

Instancia Maya “MAM AJPOP”
San Marcos, Guatemala.


SE REALIZARÁ CONSULTA COMUNITARIA SOBRE LA EXTRACCIÓN DE ORO Y PLATA EN SAN MIGUEL IXTAHUACÁN SAN MARCOS

En reunión realizada hoy, de todos los alcaldes auxiliares del municipio de San Miguel Ixtahuacán San Marcos, de miembros de COCODES, representantes de comités y organizaciones locales, de la iglesia católica y ante el Alcalde Municipal con su respectiva Corporación, se acordó por UNANIMIDAD la realización de una Consulta Comunitaria sobre las actividades de exploración de oro y plata en el municipio, y sobre las intenciones de extender estos trabajos en un polígono de 537 kilómetros cuadrados de acuerdo a la licencia de Reconocimiento otorgada este año, a la Empresa Entre Mares también de Glamis Gold.

La realización de esta Consulta Comunitaria se ampara en el Convenio 169 de la OIT, El Código Municipal, y la Ley de Consejos de Desarrollo, se hace hasta estas alturas, en que la fase de exploración minera de metales a cielo abierto en San Miguel Ixtahuacán, está avanzada y con varios millones de quetzales ya invertidos, primero porque la población prácticamente se fue enterando de las licencias otorgadas a la empresa minera, a través de la construcción de las instalaciones de la Empresa Minera en el municipio, la destrucción total de cerros, al ver la tala masiva de árboles, la perforación de un pozo de aproximadamente mil metros de profundidad para extraer directamente del manto freático mas de 250 mil litros de agua por hora y al observar la degradación total del paisaje, y Segundo, porque al inicio de las actividades de la empresa minera, se saturó a la población con promesas de que se les llevaría mucho progreso, por lo mismo las comunidades presentaron cientos de proyectos, para que la empresa minera las financiara sin que hasta el momento se cuente con alguna respuesta.

A pesar de que diferentes autoridades locales, departamentales y nacionales ejercieron presión sobre la población para que no se hablara de Consulta Comunitaria, incluso maniobraron de varias maneras para que en vez de oponerse, mas bien se solicitara a la empresa minera, el financiamiento del asfaltado de 23 kilómetros de carretera que conduce de San Miguel Ixtahuacán al entronque de Concepción Tutuapa, rumbo a la cabecera departamental de San Marcos, la construcción de un hospital, un estadio y un parque moderno, para lo cual entregó entregaron hojas en blanco con el membrete de la Municipalidad local, para que los alcaldes auxiliares recogieran las firmas de los vecinos de cada aldea, así adjuntarlas a la petición de financiamiento, sin embargo al momento de entrega de estas hojas firmadas y ante la exigencia de los vecinos en la reunión del 27 de junio recién pasado, Milton Saravia en su calidad de gerente de Montana, presente en la reunión, respondió la única carretera que construyen es hacia Huehuetenango porque les sirve para sacar el producto de la minería, pero que el desarrollo de la población solo le compete a las autoridades de país y que esta empresa minera es privada, por lo mismo no está obligada a construir ninguna de las obras solicitadas, incluso informó que ya se le había contestado de esta manera al Presidente Oscar Berger, cuando solicitó la construcción de este hospital para San Miguel Ixtahuacán.

En la reunión de hoy en San Miguel Ixtahuacán San Marcos, se presentó el gerente de Montana acompañado de un representante del Ministro de Salud, y otros funcionarios, para repetir que no darán ninguna de las obras solicitadas, porque eso le compete al gobierno del país, solo cumplirán con las regalías establecidas en la ley, a lo que se les dijo que “Si el oro y plata que van a sacar del lugar no les alcanza, pues que se retiren, porque prácticamente están humillando al pueblo”. Ante esta la situación tensa que se vivió, el gerente y su comitiva optaron por salir casi huyendo de la reunión.

Al tener claridad sobre esto, el alcalde municipal manifestó que ahora si estará al lado del pueblo, por lo mismo encabezará las acciones para la realización de la Consulta Comunitaria aunque tardíamente, pero se hará respetar la ley en el sentido que la población tiene derecho a manifestarse y a participar en la planificación del desarrollo del municipio sin destrucción. El siguiente paso será la conformación de La Comisión Específica, para lo cual se pide el apoyo y orientación de las organizaciones mayas, de la Sociedad Civil, departamental y nacional.

La instancia Maya MAM AJPOP, se congratula con este paso tan importante, para hacer valer los derechos de todos los ciudadanos guatemaltecos, y felicita a los hermanos Mam de San Miguel Ixtahuacán San Marcos por esta decisión.



T-xe Chman (San Marcos) día 8 Chej (18 julio, 2005).

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CAFTA reflections of NAFTA from California perspective

http://www.latimes.com/news/local/la-me-cafta18jul18,0,3204467,full.story?co
ll=la-home-local

State Sees Conflict in Trade Pact
By Miguel Bustillo
Times Staff Writer
July 18, 2005

Two years ago, former Gov. Gray Davis signed a law that requires mining companies to restore the earth they disturb in response to concerns that an open-pit gold mine would scar a part of the desert that the Quechan tribe considers holy. "This measure sends a message that California's sacred sites are more precious than gold," Davis said at the time.

California has since learned, however, that international trade pacts are posing a new threat to the state's authority to pass public health and environmental regulations - a threat that California lawmakers believe will grow only if Congress approves the proposed Central American Free Trade Agreement.

After California passed the 2003 mining law to protect the Quechan "Trail of Dreams," a pathway that the tribe has traveled for centuries in a spiritual trek to its ancestral birthplace, Canadian mining company Glamis Gold Ltd. responded by demanding $50 million in compensation from the U.S. government. It argued that the state law rendered its investment in the mining operation worthless - a violation of the North American Free Trade Agreement with Canada and Mexico.

The firm's claim, which is pending, contends that California's law amounts to an "indirect expropriation" of the company's property, something that is specifically forbidden in NAFTA and may also be barred in CAFTA.

As Congress considers CAFTA this month, California is joining state and local government groups in telling lawmakers that Bush administration trade negotiators failed to heed the lessons of NAFTA. The groups say the administration may again be giving foreign corporations the power to seek payment from U.S. taxpayers when regulators pass laws that diminish a company's investments.

"California has been a leader in environmental and public health law, and to give foreign investors the authority to effectively nullify these laws under the banner of free trade makes no sense," said California Atty. Gen. Bill Lockyer.

The broad powers assigned to foreign investors, contained in a provision of CAFTA, exceed the legal protections that U.S. investors enjoy, Lockyer and other critics contend, and thus violate a mandate from Congress that trade pacts should grant "no greater rights" to foreigners than to Americans.

"Sufficient assurances have not been offered to assuage our concerns that American federalism is not placed in jeopardy by the investment chapter of CAFTA," the National League of Cities, National Conference of State Legislatures and groups representing townships and municipal lawyers wrote last month in a joint letter to Congress.

Although state and local officials support free trade pacts, they do so only if they can preserve the power to "regulate land-use, health, safety, welfare, public morals and environment measures" without fear of violating the agreements, the letter added.

The Office of the U.S. Trade Representative, which negotiated the CAFTA pact, argued that such fears were overblown.

"The United States has never lost a single case under these proceedings and has not paid a single penny" to settle any NAFTA claims, said Assistant U.S. Trade Representative Christopher A. Padilla.

Foreign investors have filed 39 claims under NAFTA, including 11 against the U.S. They include a $970-million claim by a Canadian chemical company, Methanex Corp., that California unfairly took its future profits when the state ordered the phaseout of the gasoline
additive MTBE.

Half of the claims are pending or being debated. The disputes are resolved in private arbitration proceedings by a three-person trade tribunal.

The Glamis Gold and Methanex claims, still being debated, have cost the U.S. millions of dollars in defense expenses. The defense must be mounted by the federal government, which can also move to invalidate state or local law on grounds that it violates the trade pact.

Though the U.S. has yet to lose or settle an arbitration case, Canada has suffered defeat in two tribunal disputes and resolved two out of court, including paying $13 million to an American chemical firm, Ethyl Corp., that challenged Canada's banning of a gasoline additive. Canada has awarded foreign firms a total of $27 million, according to a survey this year by the Canadian Centre for Policy Alternatives.

Mexico has also lost two cases and settled others, including a dispute over a toxic waste dump owned by an American company, Metalclad Corp., that had been refused an operating permit by a Mexican state on public health grounds. Mexico has awarded $18.2 million to companies, according to the Canadian research.

California lawmakers argue that the threat of further NAFTA claims is already having a chilling effect on the state's ability to continue its tradition of trendsetting environmental and public health laws.

Last year, Assemblyman Lloyd Levine (D-Van Nuys) came up with a creative way to reuse millions of spare tires piling up in dumps around the state. Levine's legislation would have required that rubber from old tires be used as material to build state roads.

But Gov. Arnold Schwarzenegger rejected the legislation, which was opposed by Mexican and Canadian rubber exporters, writing in his veto message that he feared it would violate free trade pacts. The foreign firms had argued that the provisions favoring U.S. rubber, meant to help California dispose of its mountains of tires, discriminated against them.

"It's very important that we learn from the mistakes made in NAFTA 10 years ago, and it appears that CAFTA is almost a duplicate, with the same type of pitfalls for states," said state Sen. Liz Figueroa (D-Fremont), chairwoman of the Senate Select Committee on International Trade Policy and State Legislation.

Figueroa and other state lawmakers wrote the California congressional delegation urging rejection of CAFTA. But 54 lawmakers voted for the pact when it passed the U.S. Senate last month, including California's Dianne Feinstein.

The agreement still requires approval from the House, where it is expected to face a close vote.

U.S. trade negotiators have made changes to CAFTA in response to the criticism of NAFTA. The changes include a provision that makes it easier to derail frivolous lawsuits, which U.S. officials argue would have led to an early dismissal of the California MTBE case. Negotiators also added language from U.S. court decisions that attempts to clarify when a government action would effectively constitute taking a foreign investor's property, a key subject of dispute.

Nonetheless, some legal experts remain convinced that CAFTA's foreign investor protections would repeat the problems of NAFTA.

In particular, they say CAFTA specifically allows foreign firms to demand compensation when a government regulation harms a company's "expectation of gain or profit." Under a clause of the U.S. Constitution, companies can seek compensation in domestic court only when a government action decreases the worth of real property.

"You don't need a law degree to appreciate" that the changes to CAFTA are weak, said Robert Stumberg, a professor at Georgetown University's Harrison Institute for Public Law. "CAFTA is different from U.S. law in fundamental respects. Whether the new language changes anything is uncertain. But it is very clear that CAFTA still gives greater rights to foreign investors than domestic investors."

--
Jamie Kneen
Communications & Outreach Coordinator ofc. (613) 569-3439
MiningWatch Canada cell: (613) 761-2273
250 City Centre Ave., Suite 508 fax: (613) 569-5138
Ottawa, Ontario K1R 6K7 e-mail: jamie@miningwatch.ca
Canada http://www.miningwatch.ca

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Tuesday, July 19, 2005

* TAKE ACTION - No to CAFTA *

TAKE ACTION NOW TO SAVE OUR JOBS
By: http://www.actspeak.com/

There are so many reasons to reject the CAFTA (Central American Free Trade Agreement) treaty. With no enforcement provisions to prevent exploitation of foreign workers it would force those of us who still have jobs to compete against the lowest wage standard in the world. Without environmental protections it would force what industries we have not lost to pollute our own country to keep their costs as low as the worst offenders overseas.

The agreement even signs on to restrictions on the availability of simple vitamins and minerals that might prevent illness and disease, a provision pushed by prescription drug industry interests to put us even more at their mercy.

This will be a VERY CLOSE VOTE in Congress, so by speaking out you can make a real difference in the outcome of this critical policy decision.

Will we slide further down the NAFTA slope of outsourcing and wage depression in our country, or will we take the kind of stand that will inspire more of our fellow constituents to elect the right people next time?

Please submit the form below, whether or not you have time to add a personal word of your own, but MAKE YOUR VOICE HEARD NOW.

http://www.actspeak.com/cafta.htm

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The information expressed above is not the official position of the
Guatemala Peace and Development Network.
The author is the only responsible for the contente of such article.
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- REPRESIÓN Y TERROR EN GUATEMALA -

Las amenazas contra Mario Godinez no se dan de manera aislada. El gobierno de Oscar Berger pareciera haber decidido retornar a la represión y al terror para imponer políticas antipopulares y pro empresariales.



Prueba de ello son los repetidos allanamientos a sedes de ONG y organizaciones sociales que se han intensificado durante este gobierno. Diariamente la prensa nacional informa del aparecimiento de cadáveres torturados y engrilletados tal como sucedió durante el conflicto armado. Pareciera que las autoridades justifican tales métodos para combatir la delincuencia común mientras cierran los ojos y se cruzan de brazos ante las amenazas y ataques a activistas sociales como Mario Godinez, contra líderes comunitarios como Carlos Telón Castillo, Síndico de la Corporación Municipal de Iztapa, que fue baleado por defender el manglar ante la destrucción ocasionada por finqueros de la costa sur, o las pretensiones de criminalizar a líderes de la protesta social contra la minería de oro en Sipacapa, como los hermanos Mario y Juan Tema. Las intimidaciones han llegado hasta diputados como Alfredo De León que ha tomado posición frente a la minería de metales.



Ante todo esto manifestamos nuestro repudio a estos hechos y expresamos nuestro rechazo a las pretensiones de criminalizar la protesta social ante un gobierno que solamente escucha y atiende los intereses del sector empresarial.



Red de Alerta Humedales.

alertahumedales@yahoo.com

Ciudad de Guatemala, 11 de julio de 2005.


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+ Estado guatemalteco pide perdón +

Estado pide perdón después de 23 años
En Plan de Sánchez, Rabinal, fueron asesinadas 268 personas

Por: Lorena Seijo
http://www.prensalibre.com/pl/2005/julio/18/119069.html



El Gobierno reconocerá hoy su responsabilidad en la masacre de Plan de Sánchez.

El 18 de julio de 1982, en Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz, el Ejército dio muerte a 268 personas. Como un primer paso de justicia, hoy el Estado de Guatemala pedirá perdón por su responsabilidad en los hechos.

El vicepresidente Eduardo Stein representará al Estado una vez más ante los familiares de las víctimas, quienes fueron masacradas durante el régimen de facto de Efraín Ríos Montt.

La petición de perdón ha sido ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 24 de noviembre de 2004 dictaminó a favor de las víctimas y exigió al Estado el reconocimiento público de la masacre.

El acto se celebrará en el lugar donde ocurrieron los hechos y sin la presencia de un solo militar en el área, por deseo explícito de los supervivientes.

Pedir perdón es el punto más sencillo de la sentencia, pues también se insta al Estado a promover la investigación por la muerte de las 268 personas.

Según el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), el caso de la masacre lleva más de 11 años en el Ministerio Público, sin que hubiera persecución penal contra 17 militares, presuntamente responsables del hecho.

La CIDH ordenó la reparación económica (US$8 millones), atención sicosocial y de salud para los sobrevivientes, algo que todavía no han recibido.

Día de mercado

Cuando ocurrió la matanza era día de mercado en Plan de Sánchez. Habitantes de comunidades cercanas llegaron temprano a hacer sus compras.

A las 14 horas, llegó al lugar un grupo de unos 60 hombres -que vestían uniforme militar y portaban rifles de asalto- y cuatro “judiciales”. Los familiares de las víctimas identificaron luego a estos últimos y a los tenientes Solares y Díaz, quienes dirigían al grupo militar.

Los soldados vigilaban los puntos de entrada a la comunidad, mientras que otros iban de puerta en puerta para reunir a los vecinos.

Unas 20 jóvenes, de entre 12 y 20 años de edad, fueron trasladadas a una casa, donde fueron violadas y luego asesinadas. Se obligó al resto de la población a concentrarse en otra vivienda y el patio adyacente.

A las 17 horas, los soldados arrojaron dos granadas de mano al interior de la casa y luego dispararon. Lo niños fueron golpeados hasta la muerte. Los soldados incendiaron la casa y obligaron a los supervivientes a enterrar los cuerpos en 22 fosas comunes.

Ahora, la población dará una muestra de tolerancia al aceptar la petición de perdón del Gobierno.

“Lo primero es la justicia”

Juan Manuel Jerónimo es uno de los supervivientes de la masacre. A pesar de haber perdido a toda su familia ese día, aún tiene fuerzas para demandar justicia. “Sabemos que el actual gobierno no fue el responsable de los hechos, pero sí tiene el deber de hacer que se juzgue a los culpables”, afirmó.

Los habitantes de Plan de Sánchez han sido amenazados por llevar el proceso a los tribunales, pero aún así no se rinden. Jerónimo aún no puede creer que a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana, el Ministerio Público siga sin actuar.

Sobrevivió escondido

Ernesto* tenía 25 años cuando los soldados llegaron a su aldea y mataron a toda su familia. Su madre enferma, desde la cama, le dijo que fuera a esconderse. Oculto a 200 metros de su casa, fue testigo de la masacre.

“A los niños no los mataron con las armas, lo hicieron a golpes”, afirmó Ernesto. Sus hermanas fueron violadas y después quemadas. A las 7 horas del día siguiente volvió al pueblo.

“Nos obligaron a abrir 22 fosas para enterrar a nuestra familia, como perros”, dijo. “Aún encontré a una mujer viva, pero la llegaron a matar al hospital”, relató.

Resolución 2004: La sentencia del CIDH determina

El Estado de Guatemala debe promover que se juzgue a los culpables de la masacre.

Debe traducirse al achi la sentencia y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Acto de reconocimiento público en Plan de Sánchez y petición de perdón del Estado.

Ayuda para reparación sicosocial, proyectos de salud y de infraestructura.

Los fondos que debe aportar el Estado son US$8 millones.

También se debe invertir en proyectos de vivienda.

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+ El Estado Pide Perdon Por Masacre +

“Ahora exigimos justicia”
Estado reconoce culpabilidad; sobrevivientes demandan compensación

Por: Martín Rodríguez P., Carlos Grave


Mariano Reyes recuerda a sus familiares en la capilla erigida en el lugar donde fue la masacre. Foto Prensa Libre: Luis Echeverría.

“Estuvo bien venir a pedir perdón, pero aún no nos sirve”, reclama Buenaventura Manuel, sobreviviente de la masacre ocurrida en Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz, en 1982.

Ese acto del Estado no les garantiza que el Ministerio Público (MP) reactive el caso para llevar a los responsables a juicio, afirmaron líderes de las comunidades.

Ayer no fue sólo un día para recibir una petición de perdón por parte del vicepresidente Eduardo Stein en nombre del Estado.

Este aniversario de la masacre fue recordado por los 225 vecinos con dramatizaciones cuyo final fue poco común: “No son obras de teatro, son la historia de nuestras familias, para que nunca se repita y nunca la olvidemos”, dijeron.

El mismo día de julio, un domingo hace 23 años, unos 60 militares y cuatro detectives judiciales llegaron a la aldea, violaron a unas 20 jóvenes y asesinaron con granadas y balas a 268 de sus habitantes. Luego, obligaron a los sobrevivientes a enterrar los cadáveres en 22 fosas comunes.

Perdón y... ¿justicia?

“Esperamos que cumplan la sentencia y juzguen a los responsables, porque fue el gobierno de (Efraín) Ríos Montt. Fue una injusticia, una discriminación.

Todos éramos campesinos maya achís, no guerrilleros... y nos mataron, se aprovecharon, nos dejaron sin nada y nos persiguieron por años”, recuerda Manuel, representante de Plan de Sánchez en la Asociación Justicia para la Reconciliación (AJPR).

Las demandas de castigo a los responsables no parecen tener futuro, por ahora. El caso de la masacre no está asignado a ninguna fiscalía en el MP, y el Gobierno no demanda agilidad.

“En realidad, retiraron al fiscal desde enero. El MP tiene que establecer una fiscalía especial para casos de genocidio, con recursos y gente especializada”, señaló Fernando Pérez, del Centro para Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).

Aunque Stein dijo en su discurso que el Gobierno impulsaría todas las acciones para castigar a los responsables, después se limitó a declarar: “Yo llevo un sobre con las demandas de los líderes al fiscal general (Juan Luis Florido)”.

El resto de la sentencia

Los vecinos de Plan de Sánchez al menos tienen la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Gobierno; la primera fue pedir perdón.

Ahora queda pendiente ayuda para la reparación sicosocial, obras de infraestructura pública, vivienda y salud.

El Estado debe aportar fondos por US$8 millones (Q40 millones), traducir al achí la sentencia y juzgar a los culpables de la masacre. Stein se comprometió públicamente a cumplir todos los puntos de la sentencia.

Testimonio: El Plan de Sánchez de hoy no tiene futuro

A Ramiro Manuel, de 16 años, la historia de la masacre se la contó su padre, uno de los sobrevivientes. Ayer actuó junto a otros 10 jóvenes de Plan de Sánchez, y 35 de otros pueblos, en la dramatización del domingo 18 de julio de 1982.

Reunir jóvenes no fue fácil. “Muchas de las comunidades vecinas fueron de paramilitares que persiguieron a los sobrevivientes de la masacre. Los maestros de secundaria no colaboraron, y asustaban a las comunidades”, dijo Fernando Suazo, uno de los organizadores.

El pueblo está a 10 kilómetros, casi intransitables, de Rabinal, y su “centro de Salud” no cuenta con médico ni medicinas. En las escuelas no se enseña sobre la masacre.

Ramiro Manuel expresó que le hizo bien participar en la obra y escuchar la petición de perdón.

Pero no vacila en afirmar qué hará al terminar el bachillerato: “Irme a la capital a trabajar... en una fábrica, porque aquí no hay oportunidades”.

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Wednesday, July 13, 2005

= GOVERNMENT OF CANADA TO STOP SUPPORTING =

July 13, 2005

ACTION ALERT: PARLIAMENT WANTS THE GOVERNMENT OF CANADA TO STOP SUPPORTING
DESTRUCTIVE MINING PROJECTS OVERSEAS!

SUMMARY: Parliament has called on the Government of Canada to take action to end the devastating social and environmental impacts of Canadian mining operations overseas. A recent Parliamentary report calls on the Government to: (i) stop using taxpayer money to support destructive Canadian mining projects abroad; (ii) hold Canadian mining companies legally accountable for
environmental and human rights violations in other countries, and; (iii) force the World Bank to respect international human rights standards. The Government has about 60 days left to respond and it would like nothing more than to sweep the report under the carpet. Action is needed to pressure the Government to adopt Parliament's recommendations and to immediately address
ongoing international scandals associated with the Canadian mining industry.


WHAT TO DO?

1. GET THE WORD OUT AND ORGANIZE! Broadly disseminate this message. Talk to media contacts. Encourage others to take action.

2. TELL THE GOVERNMENT WHAT YOU THINK! Write and call the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Industry, and the Minister of Natural Resources Canada (contact info below). Tell them that you want the Government to adopt the Committee's recommendations and take immediate action to address ongoing conflicts related to Canadian mining abroad. We have provided a sample letter below for your consideration. Please note, however, that sending letters in your own words - and by fax or regular mail
- is far more effective than sending a form letter by email. Also, please try and send us a copy of your letters to help us keep track of the response (our contact information below). IF YOU ARE OUTSIDE OF CANADA IT IS ESPECIALLY IMPORTANT THAT THE MINISTERS LISTED BELOW HEAR FROM YOU.

3. TELL YOUR MEMBER OF PARLIAMENT WHAT YOU THINK! If you live in Canada, contact your Member of Parliament (MP) and tell them that you support the report adopted by the Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade. Ask your MP to explain what they are doing - and will do - to ensure that the Government adopts the recommendations.

4. SUPPORT FRIENDS OF THE EARTH CANADA AND MININGWATCH CANADA! If you are interested in receiving future action alerts related to the international activities of Canadian mining companies send us an email (contact information below). We also need your financial assistance to keep the work going. Charitable donations can be made through our respective websites: www.foecanada.org and www.miningwatch.ca


BACKGROUND: Organizations across Canada and around the world have been working to raise awareness about the devastating social and environmental impacts that are all too often associated with the operations of Canadian mining companies in other countries. Unfortunately, the Government of Canada has consistently refused to take meaningful action to address the growing number of problems associated with Canadian mining companies overseas.

In late June, the Parliament's Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade adopted a report stating that they were "concerned that Canada does not yet have laws to ensure that the activities of Canadian mining companies in developing countries conform to human rights standards, including the rights of workers and of indigenous peoples."

The report argues that "more must be done to ensure that Canadian companies. conduct their activities in a socially and environmentally responsible manner and in conformity with international human rights standards." Among other things, the report urges the Government of Canada to:
* Condition Canadian support "on companies meeting clearly defined corporate social responsibility and human rights standards."
* "Establish clear legal norms in Canada to ensure that Canadian companies and residents are held accountable when there is evidence of environmental and/or human rights violations associated with the activities of Canadian mining companies."
* "Work with like-minded countries to integrate and mainstream international human rights standards in the work of international financial institutions (IFIs) such as the World Bank."

For a complete copy of the report (it is quite short) see: http://www.parl.gc.ca/committee/CommitteePublication.aspx?COM=8979&Lang=1&SourceId=122762

The Standing Committee has requested "a comprehensive government response to this Report" and the Government, led by the Department of Foreign Affairs, is currently deciding how to proceed. In the past, the Government has consistently rejected calls for concrete action to deal with the many problems associated with the activities of Canadian mining companies abroad.
The Government has also failed to call on the World Bank to make a clear commitment to abide by international human rights standards. If adopted in full, the report's recommendations would have a lasting effect on Government policy towards Canadian corporations overseas, the World Bank and other international financial institutions.

While the Government needs to take broad action along the lines outlined in the report, the Government also needs to take immediate action to address the many projects that are the source of significant and growing controversy overseas. There are simply too many projects to mention here, but some of the projects that demand immediate attention include the following:

* Vancouver-based Ascendant Copper Corporation is seeking financing to develop a copper mine in one of the world's most diverse and threatened ecosystems, despite vigorous opposition from local elected leaders and residents across Cotacachi County in Northwest Ecuador. The company is trying to raise millions of dollars on the Toronto Stock Exchange in order to move forward with its Junin project, and the Government of Canada has thus failed to call on Ascendant to suspend activities until outstanding issues can be resolved.

* Communities in San Marcos, Guatemala, are locked in a struggle with Canada's Glamis Gold Corporation. Glamis's Marlin Mine has been accused of violating indigenous rights and threatening scarce water supplies. Despite these concerns, the Government of Canada has been aggressively promoting the interests of Canadian mining companies in Guatemala. Local communities recently voted to reject mining in the area, but the company has failed to accept and respect the community's wishes.

* TVI Pacific is locked in a brutal struggle with communities in Siocon, Mindanao in the Philippines. The above-mentioned Parliamentary Report notes that the "Subcommittee is deeply concerned about the possible impact of the activities of TVI Pacific Inc., a Canadian mining company, on the indigenous rights and the human rights of people in the area." and calls for a government investigation of TVI's activities.

You can find more on these projects at: www.miningwatch.org;
www.foecanada.org; www.decoin.org, www.rightsaction.org, www.dcmiphil.org
(or do a simple google search).


CONTACT THE FOLLOWING MINISTERS WITH YOUR CONCERNS:

The Honourable Pierre Pettigrew
Minister of Foreign Affairs Canada
Office of the Minister of Foreign Affairs
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0G2
Tel: (613) 995-1851
Fax: (613) 996-3443
Eml: pierre-pettigrew@dfait-maeci.gc.ca
or Pettigrew.p@parl.gc.ca

The Honourable R. John Efford
Minister of Natural Resources Canada
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 21st Floor, Rm: C7-1
Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0E4
Tel: (613) 996-2007
Fax: (613) 996-4516
Eml: john.efford@nrcan-rncan.gc.ca
or efford.j@parl.gc.ca

The Honourable David L Emerson
Minister, Industry Canada
235 Queen Street
Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0H5
Tel: (613) 995-9001
Fax: (613) 992-0302
Eml: minister.industry@ic.gc.ca
or emerson.d@parl.gc.ca


WE CAN BE REACHED AT:

Graham Saul
International Program Director
Friends of the Earth Canada/
Les Ami(e)s de la Terre
260 St. Patrick St., Suite 300
Ottawa, Ontario, Canada, K1N 5K5
Tel: 1-613-241-0085, ext. 22
Fax: 1-613-241-7998
Eml: gsaul@foecanada.org
www.foecanada.org

Catherine Coumans
Research Coordinator
MiningWatch Canada
Suite 508, City Centre Building
250 City Centre Avenue
Ottawa, Ontario K1R 6K7 Canada
Tel. (613) 569-3439
Fax: (613) 569-5138
Eml: catherine@miningwatch.ca
www.miningwatch.ca


SAMPLE LETTER TO MINISTER:

To: [NAME HERE]

I am writing to urge you to adopt the recommendations contained in the Fourteenth Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade and to take action around a number of urgent cases involving Canadian mining companies operating abroad. I am deeply concerned about the social and environmental impacts of Canadian mining companies overseas and I find it disturbing that the Government of Canada has thus far failed to take meaningful action to address this obvious problem. The above-mentioned Parliamentary report provides you with an opportunity to demonstrate leadership on this important issue.

In late June, the Parliament's Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade adopted a report stating that they were "concerned that Canada does not yet have laws to ensure that the activities of Canadian mining companies in developing countries conform to human rights standards, including the rights of workers and of indigenous peoples." The report argues that "more must be done to ensure that Canadian companies. conduct their activities in a socially and environmentally responsible manner and in
conformity with international human rights standards." Among other things, the report urges the Government of Canada to:

* Condition Canadian support "on companies meeting clearly defined corporate social responsibility and human rights standards..."
* "Establish clear legal norms in Canada to ensure that Canadian companies and residents are held accountable when there is evidence of environmental and/or human rights violations associated with the activities of Canadian mining companies." And;
* "Work with like-minded countries to integrate and mainstream international human rights standards in the work of international financial institutions (IFIs) such as the World Bank."

The Standing Committee has requested "a comprehensive government response to this Report" and it is my understanding that the Government is currently deciding how to proceed. I am writing to express my support for the recommendations outlined in the report. I want to urge you to ensure that these recommendations are adopted by the Government of Canada and I would like you to please provide me with information outlining the steps that you are personally taking to ensure that this occurs.

The committee's report also calls on the Government to "conduct an investigation of any impact of TVI Pacific's Canatuan mining project in Mindanao on the indigenous rights and human rights of people in the area and on the environment, and table a report on this investigation in Parliament within 90 days." I support this recommendation and I believe that the Government should also call on TVI to suspend all activities pending the outcome of this investigation. I also strongly believe that the Government should launch investigations into the activities of Ascendant Copper Corporation's Junin project in Ecuador and Glamis Gold's Marlin Mine in Guatemala, and call on these companies to suspend their activities pending the outcome of the Government's investigation. I would like you to please provide me with information on what your office is doing to ensure that the problems associated with these projects are addressed.

Finally, I am appalled that the World Bank and other international financial institutions have not yet made clear and binding commitments to uphold international human rights standards. Please provide me with information on what you are doing to ensure that these institutions are no longer able to ignore international law.

As you know, more money is raised for the global mining industry in Canada than in any other country in the world and more than half of the world's mining companies list their shares on Canadian capital markets. Canada has a responsibility to develop mechanisms to hold these companies accountable for their actions overseas. This is a responsibility that the Government of Canada has failed to embrace. I hope that the above-mentioned Parliamentary report will prove to be an opportunity to address this glaring and damaging
failure.

Thank you,

.....

: No a las Amenazas :

COMUNICADO URGENTE
DRIMINALIZACIÓN Y AMENAZAS A LÍDERES DE SIPACAPA

San Marcos, 12 de julio de 2005

Informamos y denunciamos que desde enero de 2005, varios líderes y vecinos de Sipacapa y acompañantes han sufrido difamaciones, intimidaciones y amenazas.

Algunos de los hechos ocurridos:
o 13 de marzo Sánchez (23) vecino de Sipacapa fue asesinado por miembro de la empresa Golán, encargada de seguridad del Proyecto Marlin de Exploradora Montana, subsidiaria de Glamis Gold.
o 17 de junio de 2005, fue publicado artículo en La Hora acusando a líderes locales y organizaciones nacionales de manipular la consulta.
o Desde inicio del proceso de consulta, enero 2005, líderes locales y miembros de organizaciones acompañantes han recibido llamadas intimidatorias. También lo ha sufrido personal de la Radio Sipa Estereo.
o 22 de junio de 2005, Norma Leticia López, integrante de la Comunidad Lingüística de Sipacapa fue agredida por Paulina Ambrosio, madre de la encargada de la oficina de Montana en Sipacapa.
o 5 de julio de 2005, Mario Tema Bautista, líder comunitario y anterior alcalde de Sipacapa, fue perseguido cuando se transportaba en carro y es amenazado.
o Se han presentado tres demandas judiciales contra líderes de Sipacapa, acusándolos de amenazas y portación de armas de fuego, los afectados son: Mario Tema Bautista, Horacio Bámaca Mejía, Santos Arnulfo López, Sergio Carrillo Tojil y Eliseo Bámaca.

Por todo esto exigimos al Gobierno de la República y a su presidente señor Berger:
o Tomar las medidas necesarias para que los vecinos deSipacapa y miembros de organizaciones acompañantes no sean objeto de amenazas ni de actos violentos.
o Respetar los resultados de la consulta libremente realizada por parte del pueblo soberano Sipakapense.
o Cesar los actos de violencia, represión e intimidación a nivel nacional realizados por el Estado y los grupos paralelos.
o Suspender la política de criminalización y desprestigio del movimiento social.

¡NO MÁS REPRESIÓN! ¡NO MÁS CRIMINALIZACIÓN!

Firmas: Asociación de Desarrollo Integral Campesina Sipakapense -ADICS
Movimiento de Trabajadores del Campo -MTC San Marcos
Consejo Regional de Autoridades Indígenas de Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Sololá y Totonicapán
Mesa Global
Rights Action

...

: La Constitucionalidad de las Consultas :

PANEL FORO: LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS CONSULTAS (En Guatemala)
Organizado por: Colegio de Abogados, URL, USAC, FLACSO, Madre Selva
12.07.05 Paraninfo Universitario USAC Moderadora: Marielos Monzón


NOTAS SOBRE LAS EXPOSICIONES

Las consultas populares realizadas recientemente en varios municipios del país sobre temas trascendentes se han amparado en la Constitución de la República, el Convenio 169 OIT y otras leyes, como ejercicio legítimo y legal de la democracia. Sin embargo, la opinión pública ha polemizado cuestionando si las mismas son un reflejo del caos y de la ingobernabilidad a nivel nacional.

Alejandro Balsells Conde
o Encajonar las consultas a quienes están en pro y en contra de una acción limita totalmente la posibilidad de debate y de ejercicio democrático.
o Las consultas efectuadas se enfocan como un panorama desolador y no como la oportunidad de un ejercicio democrático.
o En nuestra sociedad donde no tenemos seguridad jurídica, como tampoco otras seguridades, se crea la contradicción al contrastar la seguridad que el voto sea respetado vrs. La seguridad de la inversión extranjera.
o La Constitución de la República en el artículo 173 ó 163? Respalda la consulta popular; el Código Municipal abre la posibilidad de consulta de vecinos (aunque no existe un reglamento y permite que cada municipio establezca su propio procedimiento lo cual es una debilidad).
o La democracia directa puede ser un peligro cuando no existen procedimientos establecidos.
o La descentralización es un proceso macro que debemos respetar y fortalecer y la consulta se da en este marco.
o Autonomía no significa soberanía y en este marco hay que analizar la consulta municipal ante la decisión nacional. ¿Vamos a someter a consulta decisiones tomadas por autoridades nacionales electas?
o Existe la democracia participativa y representativa, debemos armonizarlas.
o Debemos buscar procesos que fortalezcan los procesos democráticos.

Mario Fuentes Destarac
o Nuestro transitar de un Estado autoritario hacia un Estado que persigue objetivos fundamentales como el bien común, establecido por nuestra Constitución, busca construir un régimen de legalidad, profundizar la democracia y lograr la instauración de un gobierno del pueblo, para, por y con el pueblo, Por ello es importante dialogar y generar grandes consensos. Así mismo hay que promover la descentralización sin fragmentar.
o Desafíos: 1) Legitimar la acción y la representación política, pues en los últimos 20 años se ha vivido una democracia delegativa no participativa. 2) Fortalecimiento del estado de derecho, de la constitución, del poder democrático del derecho de participación de la ciudadanía en la elaboración de las leyes. 3) Fundación de un genuino Estado descentralizado que permita la participación sustentada en consulta, fiscalización y control de decisión. 4) Regulación del referéndum o consulta popular.
o En conclusión, hay que fortalecer la democracia. Las consultas son legales y constitucionales, aunque haya vacíos legales para su ejercicio. No cuestiona la consulta, sino la pertinencia de las preguntas.

Amilcar Pop
o Al hacer un análisis jurídico de la consulta se establece que es un derecho ciudadano y colectivo, así como una obligación del Estado consultar, posterior a la información, para que sea una consulta de buena fe.
o Argumentos constitucionales respaldan, el Arto.66 establece que Guatemala está integrada por diversos grupos étnicos, los reconoce, respeta y promueve, el Estado entonces, está obligado a ello, el Estado y todas las instituciones a las que se les ha delegado poder público. Las licencias otorgadas por el poder ejecutivo deben respetar la Constitución.
o El Arto.44 establece los derechos de la persona y las garantías mínimas, los mismos deben ser respetados por las instituciones del Estado en la toma de decisiones.
o La Corte de Constitucionalidad reconoce que el Convenio 169 OIT no contradice la Constitución, sino que la refuerza y que ninguno es superior al otro.
o No hay contradicción entre Estado y Municipalidad, como se ha especulado.
o Las consultas son legales y vinculantes, pues se establecen como derecho individual y colectivo en la regulación ordinaria.
o Las políticas de gobierno no son del Estado. La decisión representativa es superior a la decisión del poder ejecutivo.
o La consulta complementa el ejercicio de los funcionarios. Ha habido un ejercicio diferente, la población de Sololá ha ejercido democráticamente, mientras que el gobierno ha ejercido violenta y represivamente (11.01.05).
o El Presidente se equivocó al decir que las consultas son ilegales.
o Las consultas se han desvirtuado porque se tiene miedo a la participación popular y a la expresión masiva del pueblo indígena.
o Si una norma viola los derechos humanos hay que declararla inconstitucional y hay que activar otros procedimientos para lograrlo.
o En el Código Municipal sí hay discriminación cuando se establece 20% de participación en la consulta y 50% cuando se especifica en relación a pueblos indígenas.

María Eugenia Solís
o Debemos alimentar el debate y no el enfrentamiento. Los medios de comunicación masiva y columnistas, quienes han asumido esa actitud ante el Código de la Niñez, SISIACS y otros temas de interés nacional, han desvirtuado la consulta, desinforman, tratan de confundir, de provocar miedo, de ridiculizar la participación ciudadana, sin argumentar con hechos reales ni instrumentos legales.
o Las consultas sí están reguladas y, si se realiza de manera diferente en cada municipalidad, debemos entenderlo como una fortaleza, porque permite a la población expresarse de acuerdo a su formación social y organizativa.
o Existen tres modalidades de consulta: 1) A nivel nacional manejada por Tribunal Supremo Electoral. 2) La consulta municipal. 3) La consulta comunitaria con especificidad para pueblos indígenas.
o La construcción de la política pública es anti-democrática, por ello se hace necesaria la consulta. Es obligación del Estado consultar a la población ante decisiones que afectarán su vida, si no se hace, la Municipalidad tiene que hacerlo directamente y manifestarse.
o La consulta no es un fenómeno legal, sino político. Esto sucede porque se sobredimensiona lo jurídico.
o Antes de otorgar las licencias se debió haber tomado en cuenta la opinión de la población, como no se hizo la población ha reaccionado.

CONCLUSIONES
Todos los expositores reconocieron que:
o La consulta es un procedimiento constitucional y legal de ejercicio democrático.
o Es un procedimiento de participación ciudadana utilizado por la población que cree en la democracia.
o Debe ser reconocida y valorada como expresión libre y soberana de la población ante problemas que la afectan directamente.
o La consulta debe darse cuando la población está informada.
o Los medios de comunicación no están ejerciendo la labor que les compete de informar.
o La democracia representativa y participativa deben complementarse.

...

: Estudio de la USAC Acerca de la Mineria :

Universidad de San Carlos de Guatemala
Dirección General de Investigación
Oficina de Estudios de Coyuntura
25 mayo 2005





MINERÍA, CUESTIONA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Licda. Rossana Gómez
Investigadora



Expansión minera levanta preocupación
La globalización y la apertura de las economías, que comenzó en el país desde décadas atrás y facilitó el establecimiento de industrias extranjeras de exportación, favoreció también al capital minero trasnacional.

Tal y como lo planteó el ministro de Energía y Minas, Luis Ortiz Peláez, al ser interpelado por el Congreso de la República en marzo de este año, “las leyes que permiten, que facultan, que regulan la inversión en los temas de energía y en los temas de minería, están vigentes ya en Guatemala”, desde 1997, y apuntan hacia un proceso de libre comercialización y apertura de inversiones a empresas nacionales e internacionales. En este sentido, se refirió concretamente a la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, Ley de Minería y la Ley General de Electricidad.

Con este marco legal, y con los dictados de la bolsa de valores internacionales, la industria extractiva se colocó a las puertas de una expansión sin precedentes. Según la cartera, hay 116 licencias para industrias mineras metálicas (30 para explotación, 85 para exploración, 1 para reconocimiento), en trámite hay 85 licencias más (3 para explotación, 78 para exploración y 4 para reconocimiento). El fenómeno levanta la preocupación social por su impacto acumulativo sobre el medio ambiente.

Sectores como la iglesia católica, representada en la Conferencia Episcopal, plantearon en enero del 2005, que la decisión de convertir a Guatemala en un país minero “compromete el futuro con graves riesgos para el medio ambiente, para la vida y salud de los guatemaltecos”. Plantean que, de continuarse con la explotación de metales a cielo abierto, se abatirá sobre Guatemala “una catástrofe ecológica de dimensiones imprevisibles”

De nuevo el tema obligado que se pone sobre la mesa es el de la responsabilidad del Estado de garantizar el bienestar común, frente a las nuevas dinámicas económicas basadas en la apertura a empresas muy poderosas, con capitales mayores a los asignados a un ministerio.

La preocupación en este sentido, se enfoca, por un lado, a la baja capacidad técnica y administrativa del Estado, evidenciada en el Foro de Minería de diciembre del 2004. Por otro lado, el movimiento social cuestiona el posicionamiento político del gobierno en favor del capital y su apuesta a la línea de modernización trazada por intereses privados.

Las incidencias alrededor de la aprobación del proyecto Marlin, resultan emblemáticas en cuanto al papel del Estado y la invisibilización de externalidades: el estudio de impacto ambiental del proyecto (EIA), no presenta riesgo alguno, ni aún en los factores más perjudiciales en la minería en todo el mundo, tales como, el agotamiento y contaminación del agua, el uso de cianuro y la generación de metales contaminantes de los residuos de roca. En teoría, el EIA, elaborado por la misma empresa, muestra una minería limpia. Así está planteado por la empresa, así fue aprobado por el gobierno de Alfonso Portillo, y así fue avalado por el Banco Mundial. Más aún, el actual gobierno, se lanza a la defensa oficiosa del proyecto, tal y como lo hizo el ministro de Energía y Minas durante su interpelación en el Congreso.

Impacto impredecible en el uso del agua
La tecnología que empleará Montana está basada en el uso de grandes cantidades de agua, que combinadas con cianuro, separan el oro y la plata de de la roca, mediante un proceso de lixiviación.

En el diseño de Marlin, el agua provendrá en un 85% de captación pluvial y el resto de un pozo perforado para tal efecto. Además, el líquido utilizado se reciclará varias veces.

Según el ministro, las primeras cuatro semanas, el proyecto usará 250 m3 por hora; pero posteriormente, en la etapa operativa, el consumo de agua será de 20 m3 a 30 m3 por hora. Del pozo se extraerá aproximadamente 70 galones por minuto, cantidad que, según el funcionario, cualquier pozo mecánico tiene la capacidad de producir, por lo que, concluye, no se tendrá “ningún impacto ni en las aguas superficiales ni en los mantos freáticos” presentes en esas comunidades.

Medir el impacto del proyecto sobre el agua, resulta difícil si no especulativo, dado que el país no cuenta con información sobre la cantidad de agua superficial y subterránea disponible antes del proyecto. Según el geólogo Robert Morán, quien hizo una revisión del proyecto Marlin, el EIA tampoco establece datos al respecto. Sin parámetros de punto de partida, es imposible medir impactos en cualquier variable de cualquier proyecto.

Por otra parte, diputados en el Congreso, cuestionaron el hecho de que el uso del agua no tendrá ningún costo para la empresa. Al respecto, el ministro se remitió al vacío en la legislación nacional y señaló que “en Guatemala lamentablemente, no se paga el uso del agua por ninguna industria, por ningún consumidor.”

Finalmente, en relación con el agua, cabe destacar otro problema, que genera la minería a cielo abierto al “limpiar” grandes extensiones de tierra: la reducción de la capacidad del suelo para captar lluvia.

En Canadá, la explotación subterránea requería hasta 1,700 hectáreas; en la actualidad, con la nueva minería, un proyecto puede excederse de 10,000 hectáreas.

La minería a cielo abierto, remueve toda la biosfera o capa con vida sobre la tierra para dejar terreno a las excavaciones, los caminos, el tendido eléctrico, los servicios y las instalaciones de tratamiento y transformación.

La remediación en estos modelos de minería debe preverse desde el inicio y no al final del proceso. Así, el suelo fértil que se descombra, debe guardarse adecuadamente para luego poder reutilizarlo. La siembra de nuevos árboles debe iniciarse anticipadamente y con especies locales.

No obstante, aún con estas previsiones, los daños provocados por 10 o 15 años de descombrado, aún en áreas sin bosques, tienen necesariamente impactos negativos, entre ellos, la reducción de la capacidad del suelo de captar agua, una mayor precipitación pluvial, derrumbes, sedimentación, erosión, inundaciones.


Los riesgos del cianuro
Un segundo factor de riesgo es el uso de cianuro, por las posibilidades de contaminación del agua, accidentes en el transporte del químico, la toxicidad que se genera en el proceso de purificación y peligros estructurales en cañerías y depósitos.

El cianuro puede absorberse por la piel, por inhalación o ingestión y puede causar, desde irritaciones leves, hasta la muerte por sofocación al bloquear la oxigenación de las células. En altas dosis en estado gaseoso, es su forma más letal.

Ambientalistas consideran que en bajas concentraciones, el cianuro no tiene implicaciones conocidas. La luz del sol, los ambientes con PH neutral y los microorganismos del suelo desintegran rápidamente el cianuro en partículas no tóxicas. La mayoría del cianuro presente en aguas provenientes de faenas mineras se desintegra y resulta en compuestos que no son nocivos. Existen pocos casos documentados de muertes por esta causa en las minas.

Sin embargo, estiman que para la precipitación del oro se requieren concentraciones peligrosas de cianuro, 2 mlg por litro de agua (0.1 es letal para la vida acuática). Además, siempre pueden haber otros compuestos cianúricos tóxicos que persistan en el ambiente y que se evidencien hasta tiempo después. Incluso, se considera que el procedimiento para neutralizar el cianuro (volatilización mediante hidróxido de sodio), puede generar algunos de estos compuestos tóxicos.

Es decir, siempre habrá contaminación, “todo depende de los estándares que acepte cada empresa y país.” No obstante, aún en el caso de las normativas más severas como las de Unión Europea, los estándares quedan por encima de los permitidos por la Organización Mundial de la Salud.”
Morán en su revisión del EIA indica que el mismo, no presenta la composición química detallada de los efluentes de descontaminación del cianuro y su toxicidad para los organismos acuáticos. Tampoco presenta mediciones específicas, sobre la cantidad de lluvia en el sitio preciso de la mina, lo cual considera fundamental para determinar el diseño de estructuras ante posibles inundaciones en la planta y en los depósitos de material contaminante con cianuro o metales.
Según el gerente de Montana Milton Cabrera, el cianuro se reciclará y neutralizará muchas veces, para pasar finalmente a la planta de destrucción del químico y asegura, que no entrará en contacto con el ambiente ni con el manto freático. Por su parte, el ministro Ortiz Peláez, indica que el proyecto propone un manejo de este elemento, “que cumple con todos los estándares internacionales” y, agrega que se realizará la supervisión para el cumplimiento de esas reglas.

En la defensa del proyecto, Ortiz argumenta que sólo el 4% de la producción mundial de cianuro se utiliza en la industria minera; el 96% de toda la producción mundial se utiliza en otras actividades industriales,“ incluso, agrega, “la sal de cocina tiene un componente de cianuro.”

Finalmente, cabe señalar, un riesgo más en el uso de cianuro, independientemente del fin al que se destine: los derrames, que se producen aún con el manejo de los mejores estándares. (ver recuadro)

Es interesante señalar que en el estado de Montana, la ciudadanía logró en 1999 que se aprobara una ley que prohibió el desarrollo de nuevas minas por lixiviación a cielo abierto, luego de cerca de 50 derrames en ese estado. Costa Rica tampoco permite este tipo de minería.


Desprendimiento de metales contaminantes
El tercero y mayor factor de riesgo surge por el rompimiento de miles de toneladas de roca, que se acumulan como desperdicio o queda en las paredes del tajo de la mina. Esta roca deja expuestos sulfuros, que al entrar en contacto con aire y agua generan ácidos (Drenaje Ácido de la Mina -DAM-), los cuales posteriormente desprenden metales que son altamente contaminantes. Por efecto de la lluvia estos metales son empujados al suelo hasta llegar a las corrientes de agua, donde se resolidifican en el fondo, afectando la vida en este ambiente y contaminando las especies en la secuencia de la cadena alimenticia. También, los metales pueden evaporarse por acción del sol y flotar en el aire.

Los metales en los cuerpos vivos, en cantidades altas y por varios días pueden causar la muerte. En cantidades pequeñas se acumulan en los órganos y pueden provocar cáncer, entre otros diferentes tipo de trastornos. La contaminación del agua por metales es peor que la generada por productos químicos, pues estos tienen compuestos de carbono que finalmente se desintegran, los metales nunca lo hacen.

El proceso del DAM se inicia en un período de 1 a 10 años, en muchos casos después de cerrada la mina. Una vez iniciada su generación, no puede detenerse y empeora, pues hay una cadena de reacción en la que unos metales aceleran la de otros. En el agua, elevan la temperatura lo que provoca más reacciones. Mientras las rocas no se retiren del contacto con el agua y el aire se seguirán generando ácidos por siglos, hasta se que el material sulfúrico se disuelva completamente.

La roca compactada en su estado natural, no genera ácido.

Los tratamientos preventivos consisten en cubrir los desechos de roca con agua para que no entren en contacto con el aire; aislarlos del suelo; o bien mezclarlos o recubrirlos con material que neutralice este proceso, como roca alcalina. En algunos casos luego de neutralizado, se cubre de nuevo el suelo fértil y se siembra vegetación.

Estos tratamientos preventivos tienen costos altos; pero no hacerlos implica procesos mucho más complejos y onerosos a futuro, que si no los paga la empresa, los paga el país. El agua ya contaminada con metales, obliga a un tratamiento permanente y si se pretende resolver el problema en definitiva, se requiere volver nuevamente al punto inicial de vertederos de químicos y metales extraídos.

La minería a cielo abierto, producen 50 veces más deshechos que las minas subterráneas. El proyecto Marlin, según el ministro Ortiz, generará 60 millones de toneladas de roca de desperdicio. Pero, sostiene que tal y como lo plantea el EIA, el potencial de la mina para generar el DAM, es bajo.

Según Morán el EIA no tiene información sobre la composición química del mineral y la roca extraída y le faltan pruebas geoquímicas de la reactividad de la misma. Por otra parte, el geólogo cita datos de un informe que Glamis, presenta anualmente al gobierno de Estados Unidos, en el que establece que “mucha de la roca, es rica en sulfuro, por lo que la probabilidad de que haya emisión de ácidos es alta”.

El procedimiento que utilizará el proyecto para tratar la roca, será la compactación de la tierra. No se incautarán los residuos, no serán atrincherados y no tendrán sello o soporte bajo tierra. Según el Banco Mundial, la empresa no utilizará estos procedimientos por tratarse de una región montañosa, sin embargo, critica Morán que en otras partes del mundo de similares condiciones, se han utilizado estos sistemas más seguros.

No obstante, considera, junto a otros ambientalistas, que en este tema los riesgos persisten aún con la existencia de estudios geológicos más precisos y que las prevenciones nunca son suficientes. Aún poniendo geomembranas sintéticas que eviten la lixiviación hacia la tierra y manto freático, lo único que se logra es retarda este movimiento. No hay diseño seguro.

Otro problema, es que las explotaciones de una mina implican la apertura de pozos que dejan tajos abiertos y que al finalizar el trabajo de las compañías quedan expuestos y no se tratan al igual que las canchas de relave y rumas donde se deposita la roca extraída. Por otra parte, los explosivos utilizados para perforar el suelo pueden dejar residuos químicos en las paredes de las rocas, a veces más tóxicos que el cianuro.

Responsabilidad del Estado frente a compañías
El sistema de explotación de la minería a cielo abierto, utiliza más tecnología e implica menos trabajo y menos costos, permitiendo incorporar yacimientos (y países) con menas de baja ley, es decir de poca concentración de metal, y aún así seguir siendo económicos.

Los costos se transfieren al ambiente y los países receptores de estas inversiones. De allí la importancia de un Estado con capacidad de asegurar la preservación de los recursos y negociaciones justas.

El primer problema, en este sentido, es la disposición política del gobierno para garantizar intereses de país. Para lo cual, sería indispensable que se exigiera a las empresas mineras, EIA con el rigor técnico correspondiente. No puede haber vacíos de información en los temas fundamentales, como lo presenta el proyecto Marlin.

Morán considera que los estudios sobre los cuales el gobierno basó su decisión fueron totalmente inadecuados y concluye que su aprobación fue una decisión independiente de los resultados del EIA. En esta misma línea cuestiona que el BM, aprobara el financiamiento al proyecto, aún con los vacíos del estudio y sin haber realizado cierto tipo de pruebas que exige este organismo.

El segundo problema, es tomar como base de decisión, los EIA que preparan las mismas compañías interesadas. Se requerían estudios independientes y evaluaciones que no partan exclusivamente de la información que ofrece la empresa.

Según el ministro, le corresponde ahora al gobierno mantener un monitoreo durante la operación de la mina y para ello, afirma, se tiene personal capacitado, laboratorios del ministerio, la posibilidad de recurrir a laboratorios privados y el entrenamiento de países como Argentina.

Pero un tercer problema es cómo obligar a estas poderosas compañías, si previamente no se establecieron resguardos económicos ante el posible daño ambiental. En el estado de Montana un derrame de cianuro tuvo un costó de US$ 30 millones que se tenían en depósito, y se requirió de US$ 33.5 millones más. En otros casos algunas empresas, cuando deben incurrir en estos costos, se declaran en quiebra pues asumirlos le resta toda rentabilidad.


RECUADRO

RECIENTES DERRAMES DE CIANURO EN EL MUNDO
En enero del 2002, la compañía Minerales de Occidente, que explota oro en las minas San Andrés en Copán, Honduras, descargó cerca de 300 galones de solución de cianuro en el Río Lara. Según la compañía el derrame fue ocasionado por la confusión de un operador con más de 2 años de experiencia, en el manejo de las válvulas. La solución tenía una concentración de 100 ml de cianuro por un litro de agua. Población local sostiene que ésta no es la primera vez que se descarga cianuro en el Río Lara, aunque es el primer caso que se documenta y que reconoció la compañía. En el primer día de limpieza, se encontraron cerca de 18,000 peces muertos a lo largo de 4.5 kilómetros. El Río Lara se une con el Río Higuito, la fuente del futuro proyecto de agua de la ciudad de Santa Rosa de Copan, con 28,000 habitantes.
En Rumanía en el 2,000 una falla en la represa que contenía desechos mineros (cianuro y metales pesados) provocó el derrame de estos contaminantes al río Tizsa. Murió un 40% de la vida acuática, se contaminó el agua potable para 2.5 millones de personas y el costo de la limpieza se estimó en US$ 250 millones.

En 1995, un desastre ecológico de gran escala ocurrió en la mina Omai, en Guyana, perteneciente a la empresa canadiense Cambior. Cuatro y medio millones de metros cúbicos de aguas residuales mineras altamente contaminadas con cianuro escaparon de un embalse hacia el río Essequibo. Ochenta kilómetros del río se declararon como una zona de desastre ambiental, se perdió la vida acuática y 50% de los residentes locales (en su mayoría indígenas) sufrieron algún tipo de impacto en su salud: desmayos, lesiones y erupciones. Se sospechan tres casos de envenenamiento mortal.

En 1988 un camión cargado de cianuro, derramó 1,762 gramos del químico al caer al río Barskoon en el país asiático de Kyrgyzstán y provocó la muerte de 2 personas y la hospitalización de 100 más. El gobierno hizo un reclamo de US$ 8.4 millones por daños ambientales.


PROHIBICIÓN DE USO DE CIANURO EN DIFERENTES REGIONES, 2004
PAÍS O REGIÓN AÑO DETERMINACIÓN

Turkía 1997 El consejo de Estado Turco prohibió la producción de oro por lixiviación con cianuro.

Montana, Estados Unidos 1998 En todo el Estado se prohibió la producción de oro por lixiviación con cianuro.

República Checa 2000 En votación del Senado se prohibió la producción de oro por lixiviación con cianuro.

Nueva Gales del Sur, Australia 2000 Propuesta popular exige prohibición de la producción de oro por lixiviación con cianuro. Aún no ha sido aprobada.

Cotacachi, Ecuador 2000 Ordenanza nacional declaró Cotacachi región ecológica prohibiendo actividades que puedan contaminarla así como prohibió la producción de oro por lixiviación con cianuro.

Gunnison, Colorado, Estados Unidos 2001 Se estableció un código de enmienda que prohibió la producción de oro por lixiviación con cianuro.

Costa Rica 2002 El presidente Pacheco definió una moratoria para la producción de oro por lixiviación con cianuro.
Costilla, Colorado, Estados Unidos 2002 Se estableció un código de enmienda que prohibió la producción de oro y plata por lixiviación con cianuro y otros productos químicos tóxicos.

Alemania 2002 El parlamento decretó la prohibición de producción de oro por lixiviación con cianuro en enero 2002. Hizo un llamado a empresas y bancos a no invertir en minería de oro.

Provincia Chubut, Argentina 2003 Ley de la Provincia prohíbe la producción de oro por lixiviación con cianuro.

Summit, Colorado, Estados Unidos 2004 La Comisión de Planificación de Summit pasó una resolución que prohíbe la producción de oro por lixiviación con cianuro en toda la zona del distrito.

Ref: EARTH WORKS
httm://rainforestinfo.org.au/gold/cyanide.htm

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Monday, July 11, 2005

- Solidaridad con Guatemala -

Su Excelencia
Lic. Oscar Berger Perdomo
Presidente de la República de Guatemala
Guatemala Ciudad
Guatemala, C.A.
Fax: +502-2239 0090/ 2221 4537

Sr. Jorge Antonio García Chiu
Viceministro de Energía y Minas
República de Guatemala
Diagonal 17, 29-78, Zona 11, Las Charcas
Fax. +502-2476-3175
Viceministerio2@mem.gob.gt



Señores,

Enterados de los resultados de la consulta sobre minería en Sipacapa, departamento de San Marcos, Guatemala, que se efectuó el día 18 de junio de 2005, la Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala con NIF G-58768805 representada por Consol Camí Adell, con DNI número 43 396 571 X, deseamos respaldar, ante y con la comunidad internacional, los resultados de la consulta democrática realizada en Sipacapa, y pedir al Gobierno que los respete. Ante todo, saludamos la expresión pacífica, informada y de buena fe, de la voluntad de la población afectada por el proyecto minero. Reconocemos que la asamblea se desarrolló sin mayor incidente después que las autoridades locales y comunitarias exigieron que se retiraran los elementos antimotines y la policía por ser una provocación innecesaria, siendo los alcaldes auxiliares y otros líderes locales los que mantuvieron el orden.
Consideramos que en el proceso de establecimiento del Proyecto Marlín, tanto el gobierno guatemalteco como la empresa Montana han violado el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa e informada según Convenio 169 OIT. El rechazo al proyecto fue confirmado ya en el año 2004 por una encuesta realizada por Vox Latina en nombre de Prensa Libre, donde más del 90% de la población local en San Marcos rechazaba la actividad minera a cielo abierto en sus terrenos.
Compartimos plenamente la gran preocupación de las comunidades de San Marcos ante el hecho de que el Proyecto Marlín amenaza violar sus derechos básicos como el derecho a la alimentación, al agua, a la salud y a un medio ambiente sano. Además, no es entendible por qué la CFI ha concedido un crédito de 45 millones de dólares a la empresa Montana pocos meses después de la publicación del informe “Revisión de Industrias Extractivas” del Sr. Emil Salim, cuya conclusión destaca que el fomento a proyectos extractivos por el BM-CFI ha perjudicado muchas veces la lucha contra la pobreza.


Nos consta que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha revocado la suspensión provisional de la consulta emitida por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia Civil, que había dado trámite al recurso de amparo interpuesto por la empresa Montana Exploradora. Consideramos que la decisión era "completamente irregular", ya que el tribunal no tomó las dos semanas habituales para revisar el tema.
Nos consta igualmente que la Corte de Constitucionalidad dió validez a la consulta y dejó sin efecto el Recurso de Amparo interpuesto, citando el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y el artículo 65 del Código Municipal. Por lo tanto, estamos convencidos de que la consulta fue un hecho legal que está respaldado además por el artículo 66 numeral 2 del Código Municipal y el artículo 2 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; y se ampara también en la Constitución Política (Arts. 66, 97, 140, 141 y 253 referente a la Autonomía Municipal), en la Ley de Descentralización (Art.18), en el Código Municipal (Arts. 35 y 65) y en el citado Convenio 169 de la OIT (Arts. 6-15), ratificado por Guatemala, que obliga a los Estados a realizar consulta a los pueblos indígenas sobre aquellos asuntos que les puedan afectar.
Sabemos que a pesar de la campaña de desinformación montada por la empresa Montana, la Consulta se realizó sin contratiempos en las trece aldeas del Municipio siendo organizada por el Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE y los Consejos Comunitarios de Desarrollo, COCODE, con la participación de setenta y cinco (75) observadores nacionales e internacionales; obteniendo los siguientes resultados: dos mil cuatrocientas ochenta y seis (2486) ciudadanos se oponen a la explotación minera en su municipio, treinta y cinco (35) ciudadanos están a favor de la explotación, treinta y dos (32) ciudadanos se abstuvieron de votar y un (1) ciudadano votó en blanco. Estos resultados evidencian que el 99% de la población participante está en contra de la explotación minera. Por todo lo anterior, la consulta debe ser vinculante.
Lamentamos los intentos de la Exploradora Montana y la Corporación Municipal, para desinformar a la población de Sipacapa el día anterior a la consulta, sobre la presunta suspensión de la misma. El 17 de junio utilizando niños de las aldeas, Montana distribuyó volantes, no firmados, informando que la consulta había sido suspendida; además varias radios emitieron esa información y la Corporación Municipal, utilizando la ambulancia del municipio y altoparlante, hizo propaganda de la presunta suspensión. Denunciamos además los serios señalamientos y presiones por parte de la empresa Montana, según informaciones varias de prensa. Es alarmante el ataque intimidante contra la libertad de expresión de la radio “Sipa Estereo” que ha recibido amenazas, avisando que se quemará la radio en venganza por su apoyo en la comunicación entre comunidades a lo largo del día 18 de junio. Nos preocupa que incluso algunos dirigentes sociales que se oponen a la explotación minera en su municipio expresaron haber sido víctimas de intimidaciones y amenazas de muerte. Creemos que cualquier institución o empresa extranjera que actúa en territorio guatemalteco debe respetar los derechos humanos de la población.
Estamos muy preocupados sobre la información de que varios ministros en San Marcos hayan tratado de convencer a los alcaldes para que no se involucren en la resistencia contra la minería, amenazando con condicionar la ayuda financiera para las alcaldías a la postura municipal frente al Proyecto Marlín. Esperamos que estos intentos de intimidación hayan sido accidentales y que durante el gabinete móvil en San Marcos en septiembre se confirme la libertad de expresión garantizada en las leyes arriba mencionadas.
Recordamos que el día 21 el Consejo Municipal se comprometió a asumir la decisión del pueblo de Sipacapa y a acompañar a las autoridades comunitarias en sus demandas e impulsar todas las acciones necesarias para que sean respetadas. Cabe destacar algunas de las demandas recogidas en el punto Cuatro del Acta Municipal no. 16-2005, levantada en la Asamblea: A petición de los habitantes del municipio se establece que las autoridades municipales deben establecer los límites de nuestro municipio, reconocer los astilleros municipales, que las oficinas de Montana sean retiradas de este municipio hoy mismo... que los maestros de todas las comunidades financiados por Montana sean retirados... .
Para concluir, consideramos que la población de Sipacapa ejerció el Estado de Derecho de manera cívica y responsable, decisión que es respaldada por el pueblo guatemalteco en general y debe ser respetada por el Gobierno de Guatemala.
Por todo esto, manifestamos nuestro apoyo al pueblo de Sipacapa y su contundente decisión tomada en legítima consulta, y pedimos a las autoridades que respeten las demandas expresadas en ésta:
a) Al Consejo Municipal, que cumpla con los compromisos asumidos el día 21 de junio y que asuma las peticiones de los habitantes de su municipio.
b) A las autoridades nacionales que tomen las medidas necesarias para que la voluntad soberana del pueblo Sipacapense sea respetada - sobre todo al Ministerio de Energía y Minas y al Gobierno -, que se cancelen todas licencias mineras (de reconocimiento, exploración y explotación) dentro del territorio de Sipacapa, y que no otorguen ninguna otra licencia minera que pueda afectar al municipio.
c) A la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de la transnacional canadiense Glamis Gold Ltd., que automáticamente cese sus actividades en el municipio de Sipacapa y se retire de inmediato, ya que la actividad minera que realiza no cuenta con el aval de la población.
d) A la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que revise y cancele su crédito otorgado y ya desembolsado a la compañía Montana.

Atentamente,



Consol Camí Adell
DNI: 43 396 571 X
Presidenta de la Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala
NIF: G-58768805







Con copia para:

Sr. Sergio Fernando Morales Alvarado
Procurador de Derechos Humanos (PDH)
12 Av, 12-72, Zona 1
Guatemala Ciudad
smorales@pdh.org.gt, malvarez@pdh.org.gt,

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F St., N.W.,
Washington D.C., U.S.A. 20006
Fax: +1-202-458-3992
cidhoea@oas.org

Organización Internacional de Trabajo (OIT):
Departamentos de Normas, y de Asuntos Jurídicos
4, route des Morillons
CH-1211 Geneva 22, Suiza
normes@ilo.org, jur@ilo.org



OIT - Oficina regional para Centro América (Costa Rica)
Edificio D, 1er piso, Ofiplaza del Este
Barrio Betania, Rotonda de la Bandera 100 m. Oeste
San José, Costa Rica
10170-1000
sanjose@oit.or.cr , sanjose@sjo.oit.or.cr

Rodolfo Stavenhagen
Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas
Persona de contacto:
Pablo Espiniella
Oficial de Derechos Humanos
Ginebra - Suiza
Fax: +41-22- 917 90 08
indigenous@ohchr.org

Miloon Kothari
Relator Especial de la ONU para el derecho a la vivienda adecuada
Persona de contacto:
Cecilia Moller
Oficial de Derechos Humanos
Ginebra - Suiza
Fax: +41-22- 917 90 10
cmoller@ohchr.org

Meg Taylor y Amar Inamdar
Ombudsmann de la Corporación Financiera Internacional (CFI-IFC)
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2121 Pennsylvania Avenue
Washington DC 20433, United States of America
Fax. +1-202-522-7400
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ainamdar@ifc.org


EMBAJADA DE ESPAÑA EN GUATEMALA
Dirección: 6a. Calle 6-48, Zona 9.
Teléfono: 379 35 30.
Fax: 379 35 33.
Email: embespgt@correo.mae.es


EMBAJADA DE GUATEMALA EN ESPAÑA
Calle Rafael Salgado 3, 10° izq..
28036 Madrid, España
Tel (34-91) 3441417,3440347
Fax: (34-91) 4587894
Email: embaguat@lix.intercom.es

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- Comité Flamenco en Solidaridad con Guatemala -

Señores:
Su Excelencia
Lic. Oscar Berger Perdomo
Presidente de la República de Guatemala
Guatemala Ciudad
Guatemala, C.A.
Fax: +502-2239 0090/ 2221 4537

Sr. Jorge Antonio García Chiu
Viceministro de Energía y Minas
República de Guatemala
Diagonal 17, 29-78, Zona 11, Las Charcas
Fax. +502-2476-3175
Viceministerio2@mem.gob.gt



Estimados Señores,
El Comité Flamenco en Solidaridad con Guatemala, se ha enterado de los resultados de la consulta sobre minería en Sipacapa, departamento de San Marcos, Guatemala, que se efectuó el día 18 de junio de 2005. El Comité Flamenco en Solidaridad con Guatemala está apoyando desde hace muchos años a organizaciones guatemaltecas, empeñadas en fomentar un desarrollo rural sostenible, así como el respeto de los derechos humanos, especialmente de la población pobre y marginada. Siendo miembro de CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México) y la CCEG (Coordinadora de Comités Europeos en Solidaridad con Guatemala) hacemos trabjo de cabildeo ante la Unión Europea y todas sus instanicias.
Con la presente deseamos respaldar, ante y con la comunidad internacional, los resultados de la consulta democrática, y pedir al Gobierno que los respete. Ante todo, saludamos la expresión pacífica, informada y de buena fé, de la voluntad de la población futuramente afectada por la minería. Reconocemos que la asamblea se desarrolló sin mayor incidente después que las autoridades locales y comunitarias exigieron que se retiraran los elementos antimotines y la policía por ser una provocación innecesaria, siendo los alcaldes auxiliares y otros líderes locales los que mantuvieron el orden.
Consideramos que en el proceso de establecimiento del Proyecto Marlín, tanto el gobierno guatemalteco como la empresa Montana han violado el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa e informada según Convenio 169 OIT. Fue confirmado ya en el año 2004 por una encuesta realizada por Vox Latina en nombre de Prensa Libre, más del 90% de la población local en San Marcos rechaza la actividad minera a cielo abierto en sus terrenos. Compartimos plenamente la gran preocupación de las comunidades de San Marcos ante el hecho de que el Proyecto Marlín amenaza violar sus derechos humanos a la alimentación, al agua, a la salud y a un medio ambiente sano. Además, no es entendible por qué la CFI ha concedido un crédito de 45 millones de dólares a la empresa Montana, pocos meses después de la publicación del informe “Revisión de Industrias Extractivas” del Sr. Emil Salim, cuya conclusión destaca que el fomento a proyectos extractivos por el BM-CFI ha perjudicado muchas veces la lucha contra la pobreza.
Saludamos de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha revocado la suspensión provisional de la consulta por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia Civil, que había dado trámite al recurso de amparo interpuesto por la empresa Montana Exploradora. Consideramos que la decisión era "completamente irregular", ya que el tribunal no tomó las dos semanas habituales para revisar el tema.
Felicitamos de que la Corte de Constitucionalidad dió validez a la consulta y dejó sin efecto el amparo interpuesto, citando el Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas, y el artículo 65 del Código Municipal. Por lo tanto, estamos convencidos de que la consulta fue un hecho legal que está respaldado además por el artículo 66 numeral 2 del Código Municipal y el artículo 2 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; y se ampara también en la Constitución Política (Arts. 66, 97, 140, 141 y 253 referente a la Autonomía Municipal), en la Ley de Descentralización (Art.18), en el Código Municipal (Arts. 35 y 65) y en el citado Convenio 169 de la OIT (Arts. 6-15), ratificado por Guatemala, que obliga a los Estados a realizar consulta a los pueblos indígenas sobre aquellos asuntos que les puedan afectar.
Saludamos de que a pesar de la campaña de desinformación montada por la empresa Montana, la Consulta se realizó sin contratiempos en las trece aldeas del Municipio siendo organizada por el Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE y los Consejos Comunitarios de Desarrollo, COCODE, con la participación de setenta y cinco (75) observadores nacionales e internacionales; obteniendo los siguientes resultados: dos mil cuatrocientas ochenta y seis (2486) ciudadanos se oponen a la explotación minera en su municipio, treinta y cinco (35) ciudadanos están a favor de la explotación, treinta y dos (32) ciudadanos se abstuvieron de votar y un (1) ciudadano votó en blanco. Estos resultados evidencian que el 99% de la población participante está en contra de la explotación minera. Por todo lo anterior, la consulta debe ser vinculante.
Lamentamos los intentos irrespetuosos de la Exploradora Montana y la Corporación Municipal, para desinformar a la población de Sipacapa el día anterior a la consulta, sobre la presunta suspensión de la misma. El 17 de junio utilizando niños de las aldeas, Montana distribuyó volantes, no firmados, informando que la consulta había sido suspendida; además varias radios emitieron esa información y la Corporación Municipal, utilizando la ambulancia del municipio y altoparlante, propagandizó la presunta suspensión. Denunciamos además los serios señalamientos y presiones por parte de la empresa Montana, según informaciones varias de prensa. Es alarmante el ataque intimidante contra la libertad de expresión de la radio “Sipa Estereo” que ha recibido amenazas, avisando que se quemará la radio en venganza por su apoyo en la comunicación entre comunidades a lo largo del día 18 de junio. Nos preocupa que incluso algunos dirigentes sociales que se oponen a la explotación minera en su municipio expresaron haber sido víctimas de intimidaciones y amenazas de muerte. Creemos que cualquier institución o empresa extranjera que actúa en territorio guatemalteco debe respetar los derechos humanos de la población.
Estamos muy preocupados sobre la información de que varios ministros en San Marcos hayan tratado de convencer a los alcaldes para que no se involucren en la resistencia contra la minería, amenazando de condicionar la ayuda financiera para las alcaldías a que no se nieguen al proyecto Marlín, sino no recibirán recursos para sus municípios. Esperamos que estos intentos de intimidación hayan sido accidentales y que durante el gabinete móvil en San Marcos en septiembre se va a confirmar la libertad de expresión garantida en las leyes acima mencionadas.
Recordamos que el día 21 el Consejo Municipal se comprometió a asumir la decisión del pueblo, acompañar a las autoridades comunitarias en sus demandas e impulsar todas las acciones necesarias para que sean respetadas. Cabe destacar algunas de las demandas recogidas en el punto Cuatro del Acta Municipal no. 16-2005, levantada en la Asamblea: A petición de los habitantes del municipio se establece que las autoridades municipales deben establecer los límites de nuestro municipio, reconocer los astilleros municipales, que las oficinas de Montana sean retiradas de este municipio hoy mismo... que los maestros de todas las comunidades financiados por Montana sean retirados... .
Para concluir, consideramos que la población de Sipacapa ejerció el Estado de Derecho de manera cívica y responsable, decisión que es respaldada por el pueblo guatemalteco en general y debe ser respetada por el Gobierno de Guatemala.
Por todo esto, manifestamos nuestro apoyo al pueblo de Sipacapa y la contundente decisión tomada en su legítima consulta, y pedimos a las autoridades que respeten las demandas legítimas expresadas en ésta:
a) Al Consejo Municipal, que cumpla con los compromisos asumidos el día 21 de junio, al igual que las peticiones de las y los habitantes de su municipio.
b) A las autoridades nacionales que tomen las medidas necesarias para que la voluntad soberana del pueblo Sipakapense sea respetada - sobre todo al Ministerio de Energía y Minas y al Gobierno, que cancelen todas licencias mineras (de reconocimiento, exploración y explotación) dentro del territorio Sipakapense, y que no otorguen ninguna otra licencia minera que pueda afectar al municipio.
c) A la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de la transnacional canadiense Glamis Gold Ltd., que automáticamente cese sus actividades en el municipio de Sipacapa y se retire de inmediato, ya que la actividad minera que realiza no cuenta con el aval de la población.
d) A la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que revise y cancele su crédito otorgado y ya desembolsado a la compañía Montana.
Atentamente
Dirk Govaert

VLAAMS GUATEMALACOMITÉ
COMITÉ FLAMENCO EN SOLIDARIDAD CON GUATEMALA
Markiesstraat 14
BELGIË - BÉLGICA - BELGIUM
9070 Destelbergen
Tel.: + 32 474 77 63 08
Fax. + 32 9 229 36 84
E-mail: dirk.govaert@skynet.be



En copia para:
Sr. Sergio Fernando Morales Alvarado
Procurador de Derechos Humanos (PDH)
12 Av, 12-72, Zona 1
Guatemala Ciudad
smorales@pdh.org.gt, malvarez@pdh.org.gt,

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F St., N.W.,
Washington D.C., U.S.A. 20006
Fax: +1-202-458-3992
cidhoea@oas.org

Organización Internacional de Trabajo (OIT):
Departamentos de Normas, y de Asuntos Jurídicos
4, route des Morillons
CH-1211 Geneva 22, Suiza
normes@ilo.org, jur@ilo.org

OIT - Oficina regional para Centro América (Costa Rica)
Edificio D, 1er piso, Ofiplaza del Este
Barrio Betania, Rotonda de la Bandera 100 m. Oeste
San José, Costa Rica
10170-1000
sanjose@oit.or.cr , sanjose@sjo.oit.or.cr

Rodolfo Stavenhagen
Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas
Persona de contacto:
Pablo Espiniella
Oficial de Derechos Humanos
Ginebra - Suiza
Fax: +41-22- 917 90 08
indigenous@ohchr.org

Miloon Kothari
Relator Especial de la ONU para el derecho a la vivienda adecuada
Persona de contacto:
Cecilia Moller
Oficial de Derechos Humanos
Ginebra - Suiza
Fax: +41-22- 917 90 10
cmoller@ohchr.org

Meg Taylor y Amar Inamdar
Ombudsmann de la Corporación Financiera Internacional (CFI-IFC)
World Bank Group
2121 Pennsylvania Avenue
Washington DC 20433, United States of America
Fax. +1-202-522-7400
cao-compliance@ifc.org
ainamdar@ifc.org

Montana
Tim Miller, representante legal
20 Calle 24-60, Zona 10
Ofi-Bodegas Pradera #20
Guatemala, C.A.
Fax:+502-3856651
timm@montana.com.gt

Embajada de Guatemala en Bélgica
AV. W. CHURCHILL / W. CHURCHILlLAAN, 185
1180 UCCLE
Fax: +32 2.344.64.99
embaguate.belgica@skynet.be

Ministro Federal de Relaciones Exteriores y Económicas y Cooperación Internacional de Bélgica
Karel De Gucht
Karmelietenstraat 15
B-1000 Brussel
Fax: +32 (0)2.511.63.85
kab.bz@diplobel.fed.be

=== CONVENIO 169 TIENE PREEMINENCIA ===

EL CONVENIO 169 TIENE PREEMINENCIA
Editorial La Hora, 27 de junio de 2005
Oscar Clemente Marroquín HYPERLINK "mailto:ocmarroq@lahora.com.gt" ocmarroq@lahora.com.gt

Con respecto al tema de la minería y las consultas populares, mucha gente cuestiona el procedimiento y sostiene que no puede ser vinculante ninguna consulta que se haga con las comunidades respecto a las concesiones que se han otorgado. Sin embargo, es evidente que existe un absoluto desconocimiento de lo que preceptúa el Convenio 169 de la OIT que, habiendo sido ratificado por Guatemala y por su contenido sobre el tema de los derechos humanos, de conformidad con el artículo 46 de nuestra Constitución Política, tiene preeminencia sobre el derecho interno.

Puede ser que a muchos no les agrade la normativa que contiene el tan discutido Convenio 169, pero la verdad es que nos agrade o no, se trata de un instrumento legal que está sobre otras normas de nuestra legislación ordinaria y en el mismo se establece que las comunidades tienen que ser consultadas antes de otorgar concesiones que puedan afectarles de alguna manera. Es obligación del Congreso de la república normar la forma en que se tienen que realizar esas consultas, pero no hay forma de obviarlas ni, mucho menos, de cuestionarle el carácter vinculante de la consulta.

Los Guatemaltecos tenemos la ingrata tradición de no respetar la majestad de la ley porque estamos acostumbrados a que aquí “todo se arregla al gusto del cliente”. Sobre todo si el “cliente” tiene algún e influencia y la contraparte, como en el caso de la minería y el Convenio 169, es parte de3 esa población que históricamente ha sido menospreciada y cuyos derechos no forman parte de las cuestiones fundamentales del país. Por ello es que existe tanta confusión ahora que se habla del tema puntual de las concesiones mineras, puesto que ni siquiera las autoridades del Ministerio de Energía y Minas han reparado en que se violentó una Ley de la República, que tiene preeminencia sobre todo el derecho interno, al otorgar concesiones sin tomar en cuenta la norma que obliga a la realización de consultas. Si las mismas no están debidamente reguladas, lo que ocurre en estricto sentido legal es que no se pueden otorgar concesiones hasta que establezca la forma en que se debe cumplir con lo establecido en el Convenio 169.

No puede administrarse una excusa adicional. Puesto que la falta de una ley o de un reglamento que establezca el procedimiento para cumplir con la obligación absolutamente constitucional de realizar la consulta con los pueblos que puedan verse afectados por las concesiones, lo único que genera es la imposibilidad de otorgar una concesión con estricto apego a la ley.

U resultaría que son nulas ipso jure las que el Ministerio de Energía y Minas otorgó sin tomar en consideración lo que sobre la materia establece el artículo 169. Se habla tanto de que la inversión extranjera necesita seguridad jurídica, pero generalmente ese concepto se equipara a la necesidad de violentar la ley si es preciso para garantizarle derechos a los inversionistas. Si queremos promover la seguridad jurídica y el estricto apego al Estado de Derecho, no puede haber excusa alguna para que las mismas autoridades sean las que promuevan acciones que van en contra de la normativa legislativa vigente para la República y, repito, el Convenio 169 tiene preeminencia sobre nuestro derecho interno por ser un tratado internacional en materia de derechos humanos.


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